Un juez de una unidad judicial con sede en Quito dictó este viernes 25 de septiembre prisión preventiva contra 36 personas procesadas por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, tras el operativo que desarticuló una red narcodelictiva con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de origen mexicano.
Además de la prisión preventiva, el juez dispuso la prohibición de enajenar los vehículos que constan en cadena de custodia y ordenó la retención de los valores que los procesados mantienen en el sistema financiero.
Las capturas se produjeron la madrugada del jueves 24 de septiembre, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Comando Sur de Estados Unidos y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA). Las autoridades señalaron que se trató del primer operativo de este tipo ejecutado en territorio ecuatoriano con participación directa de tropas estadounidenses en los allanamientos. Los reportes iniciales hablaron de 39 personas aprehendidas; la Fiscalía confirmó luego que 36 de ellas fueron formalmente procesadas y recibieron la medida de prisión preventiva.
La Fiscalía identificó que la organización se dedicaba al acopio de grandes cantidades de droga en inmuebles, bodegas y haciendas bananeras de las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Según las investigaciones, la sustancia era transportada por vía terrestre en vehículos acondicionados con caletas para luego contaminar contenedores refrigerados de banano de exportación, con destino a Europa, Estados Unidos y Centroamérica, a través de puertos y aeropuertos de Guayas y El Oro.
El presunto cabecilla de la organización fue capturado en una urbanización de la isla Mocolí, en Samborondón, mientras que el presunto financista, encargado de administrar los recursos económicos de la estructura, fue aprehendido en la urbanización Riberas del Batán, en el mismo cantón. En el operativo participaron más de 320 uniformados de la Policía Nacional y 50 efectivos del Comando Sur de Estados Unidos.
El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que reconocer a los grupos criminales como organizaciones terroristas facilita el camino hacia la extradición de sus integrantes, y no descartó que los detenidos sean requeridos por la justicia estadounidense. Según cifras oficiales citadas por el funcionario, las incautaciones realizadas durante 2026 le habrían ocasionado a la estructura un perjuicio económico superior a 322 millones de dólares.
A esta red se le atribuye la incautación de un total aproximado de 6.190 paquetes de clorhidrato de cocaína en distintos operativos realizados este año: 1.250 paquetes el 20 de febrero en la troncal de la costa, camuflados en cajas de cartón similares a las de banano; 500 paquetes el 24 de febrero en el puerto DP World Posorja, durante la inspección de un contenedor; 1.440 paquetes el 26 de febrero en el sector de Alborada, en Guayaquil; 2.000 paquetes el 8 de abril en Los Ríos, ocultos en sacos de yute negro; y 1.000 paquetes el 22 de julio en el sector La Esperanza, tras la detención en flagrancia de varios ciudadanos.
Entre los integrantes de la organización, la Fiscalía identificó a personas conocidas con los alias Gran Jefe o Kayosama, Mico, Parce, Chicho, Míster, Transportador, Yack, Colorada, Júnior, Español, Compadre, Lirio, Valencia, Koco, Moro o Curita, Gordo o Culón, Patucho, Tin Tin, Miney, Barbón, Kike, Javi, Calvin, Ruso, Mirlo, Firu, Ruco o Presi, Manchado, Pinza o Compita, Patrick, Lulú, Bemba, Copo, Tingo, Manicho y Ciro.
La investigación se extendió por cerca de ocho meses y las autoridades no descartan que los procesados enfrenten a futuro un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
