Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad del 50 % y movilidad reducida, fue desalojada el miércoles 23 de septiembre de 2026 del piso de 92 metros cuadrados en el que vivía desde 1956, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, en Madrid.
La comisión judicial ejecutó el lanzamiento al cuarto intento. La octogenaria salió en camilla, fue trasladada en ambulancia al hospital Gregorio Marañón y, tras una revisión médica, se alojó con familiares. Rechazó una plaza temporal en una residencia pública.
El contrato era de renta antigua: lo firmó su padre en 1956. Tras su muerte, pasó a la madre y, en 2005, a Maricarmen. Pagaba unos 500 euros al mes. El Tribunal Supremo consideró que no cabía una segunda subrogación indefinida y dio la razón a la propiedad.
El edificio fue vendido en 2018 a Renta Corporación. En 2020 le ofrecieron comprar el piso por 247.000 euros; ella no pudo. Ese mismo año la vivienda pasó a Urbagestión Desarrollo e Inversión, que reclamó primero 2.650 euros mensuales y luego 1.650. Esa última cifra superaba su pensión, cifrada en torno a 1.300-1.350 euros. Su abogada, Beatriz Duro, sostiene que nunca dejó de pagar la renta que venía abonando.
Cientos de personas intentaron impedir el desalojo. Hubo cordón policial y denuncias de cargas y uso de gas pimienta. La Delegación del Gobierno dijo que los agentes actuaban por mandato judicial. En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió paralizar el desahucio o ofrecer una alternativa adecuada.
Una escritora se ofreció de forma anónima a cubrir la diferencia de renta. El Ministerio de Vivienda afirmó que la entidad pública CASA 47 propuso comprar el piso. Según la defensa, la empresa rechazó ambas vías. Urbagestión ha sostenido que el contrato antiguo ya no estaba vigente.
El caso se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda en España. En Madrid, el alquiler medio anunciado en Idealista llegó en agosto de 2026 a 23,3 euros por metro cuadrado, un 5,1% más que un año antes.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llamó a la jornada “un día muy triste y dramático”. El Gobierno de Pedro Sánchez atribuye parte del problema a la inversión inmobiliaria; otros analistas piden más construcción y advierten que la inseguridad jurídica retrae oferta de alquiler.
