A pesar de que un alto porcentaje de mujeres, a lo largo de la historia, han experimentado algún tipo de violencia física, psicológica, verbal o sexual durante su embarazo, parto y postparto, hablar sobre violencia obstétrica resulta un tema aún desconocido para la mayor parte de la población, y más para las nacionalidades indígenas.
Es un tema del que se habla, a nivel mundial, apenas hace 40 años. En 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció recomendaciones sobre el uso de tecnología apropiada para los partos. Y en 1996 elaboró una guía práctica sobre los cuidados en el parto normal.
Luego de diecinueve años, en 2015, la OMS recomendó a las instituciones y gobiernos el uso de tecnologías apropiadas, la revisión de protocolos y la investigación continua de las prácticas relevantes o basadas en evidencia. Y en 2019 la OMS nombró, por primera vez, a este fenómeno como violencia obstétrica y habló sobre su relación con la violación a los derechos humanos fundamentales para las mujeres.
SITUACIÓN EN ECUADOR
En Ecuador, la violencia obstétrica está nombrada en el artículo 10 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como parte de los tipos de violencia de género. En este caso, no solo hace referencia a la violencia obstétrica —que afecta a las mujeres durante el embarazo, parto y postparto— sino a todas las mujeres que reciben atención en su salud sexual y reproductiva, esta clasificación más amplia se llama violencia gineco-obstétrica.
Según la Encuesta de Violencia contra la Mujer (ENVIGMU 2019), primera en el mundo que recaba datos sobre este tipo de violencia, el 70% de mujeres indígenas en el Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia gineco-obstétrica. La PhD Elena Burgaleta, Coordinadora de la Carrera de Ciencias Políticas de la UISEK comenta que esta es la única encuesta en el mundo que por primera vez recoge la violencia obstétrica a través de dos indicadores: uno gineco-obstétrico, referente a la atención ginecológica y otro en caso de embarazo, parto y postparto.
La catedrática e investigadora explica que es una de las encuestas más fiables de la región, reconocida además por organismos internacionales porque es presencial. “Esto es importante al hablar de mujeres indígenas, pues se hace en los idiomas de las nacionalidades, por lo que diría que es una encuesta muy fiable”, señala. Los datos de esta pesquisa ponen en evidencia altos indicadores de violencia obstétrica en Ecuador, entre el 40% y 42% de mujeres han sufrido en algún momento de su vida violencia obstétrica.
VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN MUJERES INDÍGENAS ECUATORIANAS
Sin embargo, un factor de alarma dentro de esta muestra señala que las cifras se disparan en un 70% en el caso de mujeres indígenas. “A partir de aquí, empezamos a hacer todo un estudio, no tenemos datos comparativos con otros países, no tenemos datos históricos, pero lo que si tenemos es un porcentaje que se dispararía más, una variabilidad entre un porcentaje y otro”, destaca.
Para la especialista en temas sociales, este tipo de vulneración contra los derechos fundamentales de las mujeres se basa en una relación de poder donde la mujer no tiene voz, no puede decidir ni expresar sus necesidades y deseos durante su embarazo, parto y postparto. “En este momento tan importante para la vida, las mujeres quedan anuladas por prácticas médicas que no son decididas por ellas”, comenta. Por esta razón, la doctora Burgaleta desarrolló una investigación para identificar las causas directas e indirectas de este tipo de violencia a través del estudio de la articulación de las parteras ancestrales en el sistema de salud público.
Al articular los conocimientos ancestrales a las prácticas científicas se busca la integración de la diversidad cultural en las políticas públicas de salud y reconocer, en el caso de la obstetricia, que el parto no es sólo una técnica para que nazcan niños/as sanos/as, sino una experiencia vital para las mujeres que incluye cambios en su cuerpo; su estado anímico y psicológico; su sexualidad y sus condiciones de vida.
Hablar de violencia obstétrica en la población indígena, es poner sobre la mesa que estas mujeres enfrentan una triple vulnerabilidad: el idioma, la falta de acceso a los servicios básicos de salud y los elementos ancestrales que forman parte fundamental de su cultura.
Según la Encuesta de Violencia contra la Mujer (ENVIGMU 2019), primera en el mundo que recaba datos sobre este tipo de violencia, el 70% de mujeres indígenas en el Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia gineco-obstétrica. Fotografía: Ministerio de Salud
PARTERAS, PARTEROS Y EL SISTEMA DE SALUD EN ECUADOR
El país tiene un sistema teórico que articula a las parteras en el Sistema de Salud, a través de una serie de procedimientos y certificaciones. Frente a esto, una de las interrogantes de la investigación fue “Si además tenemos este sistema, ¿por qué nos encontramos estos porcentajes tan altos?” Así empezó un trabajo interdisciplinario con mujeres de las diferentes comunidades de la Costa, Sierra y Amazonía; además de colaboraciones a nivel internacional.
El estudio por parte de la UISEK revela que a pesar de la articulación del Sistema de Salud con parteras y parteros desde hace más de 40 años – que inició para prevenir la mortalidad de madres y recién nacidos-, en términos profesionales, no beneficia a este grupo de trabajadores, pues no son funcionarios del sistema de salud. “Ellos cobran cuando trabajan; desde las condiciones laborales, las parteras y parteros no iguales”, refiere la experta.
DIFERENCIAS ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA COSTA, SIERRA Y AMAZONÍA
La investigación liderada por Elena Burgaleta muestra que existen muchas diferencias entre la Costa, Sierra y Amazonía. Por ejemplo, señala la catedrática, las asociaciones de parteras amazónicas se niegan a trabajar en los centros de salud porque dicen que tienen que desatender a sus comunidades. Mientras que en las zonas andinas encontramos una mayor articulación, porque además están más cerca.
Incluso, las propias prácticas de partería ancestrales que son muy diferentes en estas tres regiones del país. Burgaleta explica que en la costa existe mucha influencia afrodescendiente, “utilizan unas trompetas para escuchar los latidos del bebé, las posiciones son diferentes, se utilizan mucho más masajes”. En cambio, en la sierra se utiliza una madera, y las mujeres adoptan una posición mucho más cómoda para alumbrar, que estar tumbadas. “Hay muchas variantes, con lo cual hay que agregar que dentro de esa diversidad, hay diversidades, y todo eso tiene que estar recogido, reconocido y aplicado después”, puntualiza.
SALUD Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Burgaleta propone que las políticas públicas se deben hacerse junto con la academia y con los movimientos sociales. “Hay que acercarse a las comunidades, hay que ver qué está pasando ahí, hay que ver la diversidad. No olvidemos que las comunidades, sobre todo en las mujeres de las comunidades indígenas, hay una diferencia abismal entre las mujeres jóvenes y mayores, que tiene que ver con la formación y con el acceso a internet y el reconocimiento de sus derechos.
La salud es un ámbito en el que habitualmente las comunidades están mucho más abiertas. La líder de este estudio académico señala que es importante tener en cuenta que las cuestiones de cuidado de salud suelen recaer históricamente en las mujeres, son las responsables del cuidado en las comunidades. Son ellas las que permiten el paso de la información, en este caso de la violencia obstetra como violencia de salud y violencia de género, asegura.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y VOLUNTAD POLÍTICA
La líder de esta investigación expone que las políticas sobre el cuerpo de las mujeres, sobre su salud sexual y reproductiva y sobre la obstetricia se hacen de arriba a abajo. Afirma que existe todo un proceso que engloba a las mujeres entre el embarazo y postparto en el que no se les ha preguntado y que tampoco las han incorporado en las políticas públicas.
Y la ley no basta, la Dra. Burgaleta recomienda la creación de un Observatorio que pueda dar un seguimiento a que se cumplan las políticas públicas y la ley; que además sirva como un organismo de apoyo y de respaldo a este grupo prioritario poblacional. Estas acciones tienen que tomarse desde las políticas públicas y tienen que basarse en estudios previos.
La catedrática resalta en la importancia de realizar un trabajo de socialización, investigación y coordinación con los servicios de salud y las mujeres. También destaca que es prioritaria la creación de algún espacio de interlocución entre los servicios de salud y las organizaciones de mujeres – que ya existen en el país-, para hacer un trabajo articulado que sea la línea base para el desarrollo después de la ley y de las políticas públicas.
Por: EF
